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Con la Consulta Popular Anticorrupción de Alianza Verde, el decreto y los proyectos de ley anticorrupción del gobierno  y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el 2017 es un año de cambios drásticos en cuanto a transparencia y lucha anticorrupción en Colombia.

La consulta popular, que en 6 meses debe recoger 5 millones de firmas, se centra en mayores penas para corruptos y mejores sistemas de vigilancia anticorrupción para altos funcionarios del gobierno y entidades públicas y territoriales. La consulta se basa en 7 medidas:

  1. Reducir de 40 a 25 salarios mínimos el sueldo de congresistas y altos funcionarios del gobierno.
  2. Los condenados por corrupción deben cumplir su pena en la cárcel sin ningún beneficio, terminando cualquier contrato corrupto unilateralmente.
  3. Toda entidad pública y territorial debe usar pliegos para eliminar la contratación a dedo
  4. El presupuesto de inversión Nacional ,de alcaldías y gobernaciones se debe desglosar y priorizar en audiencias públicas
  5. Los congresistas deben rendir cuentas sobre su gestión política y legislativa.
  6. Como requisito para posesionarse en cargo público, todo candidato debe publicar sus declaraciones de bienes, impuestos y conflictos de interés.
  7. Limitar a 3 periodos la permanencia en corporaciones públicas.

Por su lado, el presidente Santos anunció como prioridad para 2017 la lucha contra el desfalco a las arcas públicas del Estado, firmando el decreto 777 que reglamenta y controla la contratación con entidades sin ánimo de lucro.

Santos reiteró la presentación de dos proyectos de ley, el primero que busca que toda empresa privada de información sobre las personas que controlan y poseen poder dentro de la empresa; el segundo busca eliminar la casa por cárcel y otros beneficios de corruptos. Estas medidas para controlar la corrupción pública y privada.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se creó en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y se basa en cuatro componentes principales:

  1. Identificación De Riesgos De Corrupción Y Acciones Para Su Manejo: Este componente entiende todo riesgo de corrupción como inadmisible, y plantea las guías para identificar los riesgos y acciones para mitigarlos o eliminarlos.
  2. Estrategia Antitrámites: Este componente se centra en reducir los trámites que debe hacer un ciudadano para ejercer sus derechos o cumplir con sus deberes y se centra en identificar, racionalizar y optimizar cada trámite para hacerlo tan amigable con el usuario y los funcionarios como sea posible dentro del marco de la ley.
  3. Rendición de Cuentas: Este componente pretende que los funcionarios públicos, así como las instituciones públicas y territoriales rindan cuentas a los ciudadanos Mediante información, diálogo e incentivos o sanciones, los entes públicos deben rendir cuentas al gobierno.
  4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: Este último componente promueve una atención al usuario más transparente y fácil, mejorando la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

Con estos tres frentes anticorrupción y los ojos de todo el país en mejorar la transparencia, no hay duda que 2017 será el año anticorrupción. En Pensemos estamos comprometidos con acabar este mal, y por eso estamos trabajando en un módulo anticorrupción, que se adhiera a la ley, que apoye los nuevos proyectos y que ayude a todos los colombianos a controlar las instituciones del gobierno y controlar el paradero de sus impuestos.

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